La corrupción y sus hijos del limo
Walter Paz Quispe Santos.
Las instituciones en su devenir cumplen años. Los aniversarios deberían servir para exorcizar vividores del su desordenada institucionalidad local y regional. Esos seres enrarecidos por el interés personal y el afán de saquear lo más que se pueda la comuna. Desde congresistas, autoridades regionales, alcaldes y regidores; parecen haberse puesto de acuerdo. Hacer del hurto una gestión, del clientelaje una gerencia, administrar la institución como una tienda.
Un año más en la organización y la roída institucionalidad peruana. Pero la corrupción parece vivir sus mejores momentos. Los escándalos no sólo vienen con sus miserias del centralismo. También se replican en las instituciones regionales del país. Y Puno no es la excepción. Tampoco lo son muchos Alcaldes provinciales y distritales que solo muestran galimatías y podredura, y no lo remediarán las revocatorias, estoy seguro. Dicen que toda excepción confirma la regla. ¿Habrá alguna excepción?
Naturalmente, las manifestaciones concretas del fenómeno de la corrupción son variadas, tienen distinta etiología y afectan a diversos intereses de modos muy diferentes. La corrupción administrativa, la política, mercantil o la judicial se presentan con sus mil máscaras, lo que hace que su comprensión y las medidas encaminadas a su control deban ser también particulares. Pero común a todos estos tipos de corrupción es la intención de las autoridades que intervienen en ella de obtener algún beneficio irregular que de otra manera no sería posible conseguir. Esta pretensión se manifiesta a través de la violación de un deber institucional por parte de los corruptos. En ese sentido, la corrupción se muestra como una deslealtad a la institución a la que se pertenece o en la cual se presta servicio. Su carácter desleal hace que los actos de corrupción se cometan en secreto, o al menos en un marco de discreción.
Vayamos con algunos ejemplos: hace poco escuché que en un proceso de reasignaciones en una UGEL (muy conocida por sus actos de corrupción) habían suspendido la adjudicación de plazas docentes hasta otra fecha, y cuando los docentes se retiraban hasta esa nueva fecha. Escabrosamente reiniciaron con las adjudicaciones beneficiando (¿a cambio de que?) a otros que no tenían posibilidades. Para variar, no se aclaran hasta ahora las relaciones de una conocida Academia preuniversitaria con la Universidad del Altiplano sobre el ingreso irregular de muchos estudiantes en un proceso de admisión. Es común observar como la Policía pide cupos a los transportistas para hacerse “de la vista gorda” de las infracciones que se cometen, y parece que a nadie le importa sancionar estos actos generalizados. Hasta existen instituciones intocables cuando de transparentar su gestión se trata: el ejército peruano.
Cualquier ciudadano siente inmediatamente una profunda irritación cuando escucha de actos de corrupción de Congresistas, Autoridades y Consejeros Regionales, Alcaldes y Regidores, y hasta cierta Prensa. Y asocia a ella toda clase de abusos de poder. Un acto de corrupción implica la violación de un deber posicional. Quienes se corrompen transgreden por activa o pasiva, o provocan la transgresión de algunas de las reglas que rigen el cargo que ostentan o la función que cumplen. Si Puno cumplió hace un mes 340 años de vida política, es importante preguntarnos ¿cuántos años más sobrevivirá la corrupción en ella?, aquella institución republicana que no nos deja pensar, ni nos permite crecer y concebir un desarrollo sostenible. Los aniversarios deben ser actos para hacer catarsis de nuestras desventuras morales y públicas, y sobre todo deben ser momentos de renovación de autoridades como del PELT y otros que viven a rompiente del lago Titicaca sin resolver sus problemas, o muchos funcionarios de la administración pública que han hecho del cargo en lugares del soborno y el lugar común institucional.
No sólo se necesitan discursos como “tolerancia cero”, o “gestión transparente”, sino hay que predicarlo con el ejemplo. La tarea de educar cívicamente corresponde a diversas instancias y suele ejecutarse a menudo mediante ejemplos. En ese cometido, las instituciones públicas desempeñan una función importante. Si la política juega un papel pedagógico claro, las decisiones, las actitudes y los comportamientos de los gobernantes pueden ser considerados como su contenido básico. Por esa razón, cuando las acciones de los gobernantes son corruptas, el mensaje que envían a los ciudadanos desde el poder en contra de la corrupción carece de relevancia práctica.
Walter Paz Quispe Santos.
Las instituciones en su devenir cumplen años. Los aniversarios deberían servir para exorcizar vividores del su desordenada institucionalidad local y regional. Esos seres enrarecidos por el interés personal y el afán de saquear lo más que se pueda la comuna. Desde congresistas, autoridades regionales, alcaldes y regidores; parecen haberse puesto de acuerdo. Hacer del hurto una gestión, del clientelaje una gerencia, administrar la institución como una tienda.
Un año más en la organización y la roída institucionalidad peruana. Pero la corrupción parece vivir sus mejores momentos. Los escándalos no sólo vienen con sus miserias del centralismo. También se replican en las instituciones regionales del país. Y Puno no es la excepción. Tampoco lo son muchos Alcaldes provinciales y distritales que solo muestran galimatías y podredura, y no lo remediarán las revocatorias, estoy seguro. Dicen que toda excepción confirma la regla. ¿Habrá alguna excepción?
Naturalmente, las manifestaciones concretas del fenómeno de la corrupción son variadas, tienen distinta etiología y afectan a diversos intereses de modos muy diferentes. La corrupción administrativa, la política, mercantil o la judicial se presentan con sus mil máscaras, lo que hace que su comprensión y las medidas encaminadas a su control deban ser también particulares. Pero común a todos estos tipos de corrupción es la intención de las autoridades que intervienen en ella de obtener algún beneficio irregular que de otra manera no sería posible conseguir. Esta pretensión se manifiesta a través de la violación de un deber institucional por parte de los corruptos. En ese sentido, la corrupción se muestra como una deslealtad a la institución a la que se pertenece o en la cual se presta servicio. Su carácter desleal hace que los actos de corrupción se cometan en secreto, o al menos en un marco de discreción.
Vayamos con algunos ejemplos: hace poco escuché que en un proceso de reasignaciones en una UGEL (muy conocida por sus actos de corrupción) habían suspendido la adjudicación de plazas docentes hasta otra fecha, y cuando los docentes se retiraban hasta esa nueva fecha. Escabrosamente reiniciaron con las adjudicaciones beneficiando (¿a cambio de que?) a otros que no tenían posibilidades. Para variar, no se aclaran hasta ahora las relaciones de una conocida Academia preuniversitaria con la Universidad del Altiplano sobre el ingreso irregular de muchos estudiantes en un proceso de admisión. Es común observar como la Policía pide cupos a los transportistas para hacerse “de la vista gorda” de las infracciones que se cometen, y parece que a nadie le importa sancionar estos actos generalizados. Hasta existen instituciones intocables cuando de transparentar su gestión se trata: el ejército peruano.
Cualquier ciudadano siente inmediatamente una profunda irritación cuando escucha de actos de corrupción de Congresistas, Autoridades y Consejeros Regionales, Alcaldes y Regidores, y hasta cierta Prensa. Y asocia a ella toda clase de abusos de poder. Un acto de corrupción implica la violación de un deber posicional. Quienes se corrompen transgreden por activa o pasiva, o provocan la transgresión de algunas de las reglas que rigen el cargo que ostentan o la función que cumplen. Si Puno cumplió hace un mes 340 años de vida política, es importante preguntarnos ¿cuántos años más sobrevivirá la corrupción en ella?, aquella institución republicana que no nos deja pensar, ni nos permite crecer y concebir un desarrollo sostenible. Los aniversarios deben ser actos para hacer catarsis de nuestras desventuras morales y públicas, y sobre todo deben ser momentos de renovación de autoridades como del PELT y otros que viven a rompiente del lago Titicaca sin resolver sus problemas, o muchos funcionarios de la administración pública que han hecho del cargo en lugares del soborno y el lugar común institucional.
No sólo se necesitan discursos como “tolerancia cero”, o “gestión transparente”, sino hay que predicarlo con el ejemplo. La tarea de educar cívicamente corresponde a diversas instancias y suele ejecutarse a menudo mediante ejemplos. En ese cometido, las instituciones públicas desempeñan una función importante. Si la política juega un papel pedagógico claro, las decisiones, las actitudes y los comportamientos de los gobernantes pueden ser considerados como su contenido básico. Por esa razón, cuando las acciones de los gobernantes son corruptas, el mensaje que envían a los ciudadanos desde el poder en contra de la corrupción carece de relevancia práctica.
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